En este contexto, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de octubre de 1983, son secuestrados desde sus hogares 11 estudiantes. Son principalmente dirigentes de sus centros de alumnos, otros participaban en organizaciones culturales, de derechos humanos o militaban en partidos políticos opositores a la dictadura cívico militar.

Son secuestrados los siguientes estudiantes de la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Valparaíso (ex Instituto Pedagógico con sede en Valparaíso de la Universidad de Chile. Transformada en la Universidad de Playa Ancha el año 1985.) Juan Carlos Rodríguez Torrent, Juan de Dios Abarca González, Margarita Jeanett Muñoz Herrera, Patricia Cotroneo Insunza ambos estudiante de la carrera de filosofía.

También apresan a Antonio Vicente Palma Luna (Ver entrevista Revista HOY) y Ana María Pazo Flores ambos estudiantes de castellano. Patricia Carolina Navarro Díaz, estudiante de música, junto a su esposo Pedro Gustavo Zepeda Cañete, estudiante de INACAP y miembro de la Comisión de derechos juveniles de Valparaíso (CODEJU), ambos compartían la misma casa con Janet Jofré Waghorn, egresada de enseñanza media y Margarita Jeanett Muñoz Herrera.

Patricia Mix Jiménez secretaria del Centro de alumnos de la Carrera de filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es llevada detenida junto a su compañera de pensión Ximena Díaz Alarcón, estudiante de pedagogía básica en la Academia de ciencias pedagógicas.

"En estos operativos, la forma de reprimir cobra un perfil particular. Aparte de detener y torturar a las víctimas, se practican allanamientos en sus casas. Curiosamente en todos los casos, los funcionarios de seguridad denuncian tenencia de explosivos." Estos montajes desarrollados por la CNI fueron utilizados como pruebas contra algunos estudiantes quienes finalmente fueron enviados a la cárcel, luego de ser procesados por la Fiscalía Naval de Valparaíso, sin embargo, las alertas ya estaban funcionando y el mismo día 27, la abogada María Luz Salas y luego Laura Soto, presentaron la denuncia por algunos estudiantes invocando el Código de procesamiento penal que en su artículo 317 da la posibilidad de denunciar el secuestro o detención de una persona.

En entrevista sobre este tema, María Luz Salas relata lo siguiente: "Me acuerdo perfectamente del caso de La Habana. Fue en el año 1983. La Juani (se refiere a la Abogada Juana Cuadrado, fallecida hace algunos años) y yo estábamos en el departamento jurídico de la CDH (Comisión Chilena de Derechos Humanos). La situación se produjo a raíz de la detención en Valparaíso de un grupo de estudiantes de la Universidad de Playa Ancha. Nos distribuimos la defensa entre la Juani, Fanor Castillo, Laura Soto y yo. A mí me correspondió defender a una mujer, no recuerdo el nombre. Interpusimos los correspondientes amparos ante la Corte y como siempre no pasó nada. Ante ello, aconsejada por el abogado Juan Pavin, recurrí ante el Juez del Crimen de Valparaíso de turno que en ese momento era Jorge Gándara, a quien yo conocía, para pedirle que se constituyera en La Habana 476, de acuerdo a una disposición del Código Penal, por encontrarse allí detenidos los estudiantes en forma ilegal y en un lugar que no era recinto de detención. Presente el escrito y le pedí audiencia, recuerdo que él me dijo "¡Qué puedo hacer yo por esos jóvenes frente a la CNI!", le repliqué que él era el único en su calidad de Juez que podía sacarlos del centro de tortura en que se encontraban. Me miro, nada dijo y luego accedió a la petición pero como el lugar se encontraba en Viña, fuera de su jurisdicción, exhortó a Haroldo Brito, Juez de Viña pidiéndole que se constituyera, a lo que este accedió. Brito fue por primera vez solo con la Secretaria, que era Angélica Detaille, al lugar, donde los atendió un hombre quien les dijo que ese lugar era una fábrica y que no había nadie detenido allí, inmediatamente se dieron cuenta que les estaban mintiendo y que el lugar era un recinto de detención. Ante esto Brito volvió al Juzgado y pidió a Investigaciones un auto con personal para hacer una diligencia sin decirles de que se trataba. Cuando subió al auto les dijo vamos a La Habana 476, viéndose obligados los detectives a ir sin poder evitarlo. Cuando llegaron al lugar entraron, no pudieron hablar con los detenidos, pero quien los atendió reconoció que era un recinto de la CNI y que los estudiantes se encontraban en el lugar. Al día siguiente fueron puestos a disposición de Gándara, ante quien denunciaron las torturas a que habían sido sometidos." (Correa. 2018)

Luego de esta intrépida acción, a las 21:40 horas del 28 de octubre fueron liberados cinco estudiantes: Antonio Palma Luna, Patricia Mix Jiménez, Margarita Muñoz y Juan Carlos Rodríguez. Los demás estudiantes permanecieron en el recinto de la CNI por cinco días, siendo posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía Naval de Valparaíso, acusados de tenencia de explosivos y otros elementos, situación que es negada por todos ellos. Algunos jóvenes fueron exhibidos por la televisión regional y nacional como terroristas. Patricia Navarro, fue sentenciada a una condena a 4 años de prisión y su esposo Gustavo Zepeda Cañete a 3 años.

El juez Jaime Arancibia Pinto, ha sometido a proceso a: Carlos Herrera Jiménez; a Roberto Agustín Rolando Cartes Candía; a Fernando Ernesto Mc Farlan Aravena, y a Manuel Frez Torres por los delitos de: Detención Ilegal, Secuestro con Grave Daño, Aplicación de Tormentos. También ha sometido a proceso a Humberto González Pasten, por los delitos de Detención Ilegal, Secuestro con Grave Daño, Aplicación de Tormentos y de violación.

La sentencia (328-2017) indica que Herrera Jiménez (Ver Cuartel de Agua Santa), debe continuar cumpliendo reclusión en el penal de Punta Peuco. Agrega que teniendo presente la situación sanitaria del país con ocasión del COVID-19, y siendo la mayoría de los procesados personas de la tercera edad, manténganse estos detenidos en sus respectivos domicilios, bajo custodia de Carabineros de su sector.

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